Vía lahora.cl
A casi un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, autoridades del Trabajo entregaron cifras que llaman a la motivación para seguir trabajando al respecto: un 83% de las empresas ha cumplido con la norma.
Eso significa que más de 2 mil 400 empresas han incorporado a personas con discapacidad. En total, se han firmado más de 10 mil 400 contratos bajo la Ley de Inclusión Laboral: 7.997 son indefinidos, 2.121 de plazo fijo y 812 por obras o faenas.
“Son cifras positivas y esperanzadoras, un 83% de las empresas ha cumplido, pero no debemos olvidar que la ley está hecha para que todos la cumplan. La Dirección del Trabajo está fiscalizando para que se cumpla con la ley”, comentó el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien visitó en Concepción una lavandería atendida por jóvenes con síndrome de Down.
“Nuestro desafío no es sólo llegar al 100% de cumplimiento, sino provocar un cambio cultural y que no tenga que haber una ley de cuotas para que las personas con discapacidad encuentren una oportunidad de trabajo digna”, señaló Monckeberg.
Contratos
El primer balance de la Ley de Inclusión también muestra que de las más de 10 mil personas con discapacidad contratadas, 6.980 son hombres y 3.496, mujeres, y que su ingreso promedio es cercano a los $640.000.
“Los contratos ofrecidos dan proyección y estabilidad a las personas con discapacidad, y eso es una muy buena noticia”, recalcó a La Hora el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab.
La Fundación Lavandería Industrial 21, donde se dio a conocer el balance, sólo emplea a jóvenes con síndrome de Down, abrió en 2014 por iniciativa del Arzobispado de Concepción y es financiada por particulares, fundaciones y empresas de la Región del Biobío.
La encargada de la lavandería cuenta que los jóvenes fueron capacitados por profesionales de la carrera de Educación Diferencial de la U. Católica de la Santísima Concepción, y que “siempre están acompañados por una educadora diferencial y por la encargada de la lavandería”.
Hay que recordar que en caso de que una empresa no pueda contratar a una persona con discapacidad, por no contar con las instalaciones adecuadas, la ley le permite acogerse a modalidades alternativas: donaciones a corporaciones o fundaciones y subcontratación.