Una revisión de las declaraciones de intereses de los parlamentarios, arroja que 27 de ellos señalan que “no tienen” actividades profesionales, laborales o económicas realizadas durante el año anterior a asumir el cargo y otros 12 las declararon, pero de forma reservada por considerarlos datos sensibles. Miguel Landeros, secretario general de la Cámara, afirma que, si bien el sistema se puede mejorar, “la Cámara no tiene la potestad para estar haciendo una averiguación más allá. Cada persona tendrá que responder, no es responsabilidad institucional, es de quien declara”.
Qué observar. Al asumir como diputada en marzo de 2022, Ana María Gazmuri del Partido Acción Humanista, presentó su declaración de patrimonio e intereses señalando que a esa fecha ayudaba a pacientes en la Fundación Daya, que promueve el cannabis terapéutico, organización de la cual fue directora. Sin embargo, en la casilla “Considera esta información dato sensible conforme a la Ley 19.628 (sobre protección de la vida privada)”, la diputada marcó la opción “Sí”, por lo que esos datos no fueron publicados en el sitio web de transparencia de la Cámara de Diputados y quedaron clasificados como “reservados”.
- Al revisar las declaraciones juradas de patrimonio e intereses presentadas en 2022 por los 155 diputados para ver qué declaraban respecto a sus actividades previas a asumir el cargo se pueden establecer varios antecedentes.
- De los 90 diputados que llegaron por primera vez al Congreso y no venían de un período anterior, 39 de ellos no informan en las declaraciones publicadas en el sitio web institucional sus actividades previas, que podrían generar un eventual conflicto de interés.
- La cifra de los parlamentarios que no informan sus labores previas, equivale a un 43% de los nuevos diputados y a un 25% del total de diputados y diputadas actualmente en ejercicio.
Lo que dice la ley. Según la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, los diputados, al igual que el resto de las autoridades del Estado, deberán declarar “actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe el declarante, incluidas las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de asunción del cargo”.
- Pero en el formulario de Patrimonio e Intereses, 27 de los nuevos diputados señalaron que no ejercieron ninguna actividad de este tipo durante el año previo a asumir el cargo. En las preguntas sobre “actividades que haya participado en los últimos 12 meses” y “actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración”, respondieron “no tiene”.
- Otros 12 diputados, señalaron que la información era “reservada” porque consideran que son “datos sensibles”. Es decir, entregaron los antecedentes, pero estos no son públicos, lo que tampoco permite detectar eventuales conflictos de interés.
- De los 51 nuevos diputados que sí informaron actividades laborales previas, al menos 12 declaraciones son muy genéricas y solo entregan datos como “asesor económico”, “atención clientes”, “abogado”, jefe de contabilidad” o “administrador de empresas, detección fuga de agua”, sin especificar detalles ni nombre de la organización o empresa a la cuál prestaban servicios.
- También se detectan varios ejemplos de diputados, nuevos y reelectos, que clasifican como “reservadas” las actividades que realiza su cónyuge o conviviente civil.
- Aunque sí publican el nombre de sus parientes de primer grado en línea recta, esposo/a, padres, e hijos mayores de edad. Los nombres de parientes en segundo grado; hermanos, cuñados, suegros, quedan con carácter reservado porque así lo permite la legislación.
- Con todo, hay diputados que informan más allá de lo que pide la Ley, como el diputado independiente por el distrito 12, Álvaro Carter, que señala en el ítem “potencial conflicto de interés” que es hermano del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.
Fiscalización y multas. Al asumir el cargo, los parlamentarios tienen un plazo de 30 días para entregar sus declaraciones de patrimonio e intereses, la que deben actualizar anualmente.
- Como el Congreso, al contrario de otras organizaciones del Estado, no es fiscalizado por la Contraloría General de la República, si existieran declaraciones incompletas o inexactas, la Comisión de Ética llamará al diputado para que en un plazo de 10 días hábiles la rectifique.
- Si no se lleva a cabo tal procedimiento, el diputado quedará sujeto a una multa de beneficio fiscal de 5 a 50 UTM, que se descontarán de su dieta.
- Consultado el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, sobre los diputados que no informan actividades previas señaló que “la Cámara no tiene potestad para estar haciendo una averiguación más allá. Cada persona tendrá que responder, eso no es responsabilidad institucional, es de quien declara”.
- “El gran problema es que muchas personas que son parlamentarios por primera vez y que no han tenido experiencia en el aparato público, no están acostumbrados a hacer estas declaraciones. Entonces se cometen muchos errores. Cuando no han tenido ninguna experiencia pública es más fácil equivocarse”.
- Landeros sostiene que se buscan mejoras al sistema de declaración de intereses: “En el proyecto de transparencia 2.0 que está tramitando el Senado vienen algunas mejoras y siempre se pueden hacer mejoras. Tener declaraciones más complejas, más cruces. O tener un órgano que pudiera hacer algún tipo de control de lo que las personas declaran como ocurre con la Contraloría General de la República respecto a los funcionarios de la Administración del Estado”.
