El fiscal Claudio Rebeco señaló que la Brigada de Delitos Económicos está indagando a la empresa San Nicolás en las regiones de Valparaíso y Biobío y ya tomó las primeras declaraciones. El Tribunal de Garantía de Valparaíso autorizó la incautación de dispositivos de funcionarios y particulares que intervinieron en las operaciones. La delegación presidencial de Valparaíso bajo el mando de Sofía González (PC), autorizó tratos directos por $7.298 millones, mientras que el MOP un contrato por $6.795 millones.
Lo nuevo. Tras conocerse los cinco informes de Contraloría sobre irregularidades detectadas en los contratos del gobierno con proveedores tras el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso, el director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso para que se indague la existencia de eventuales delitos.
- La causa quedó en manos del fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de esta región, Claudio Rebeco, quien esta semana desarrolló las primeras diligencias.
- “La Unidad Regional Anticorrupción recibió los antecedentes remitidos por la Contraloría Regional de Valparaíso recién la semana pasada y a partir de ese momento se abrió una investigación penal en el marco de la cual hemos solicitado y obtenido del Tribunal de Garantía de Valparaíso autorización judicial para proceder a la incautación de dispositivos digitales, celulares, computadores de funcionarios y particulares que intervinieron en las operaciones o contratos que son materia de la investigación”, señaló el persecutor.
- “Estas diligencias se han desarrollado por la Brigada de Delitos Económicos en esta región y también en la octava región”.
- “También, evidentemente, hemos ido recogiendo algunas declaraciones de actores relevantes. Detalles de la investigación, evidentemente, no pueden ser entregados para no frustrar el éxito de estas mismas diligencias. Todas ellas, por cierto, apuntan a esclarecer si en estos hechos se configura o no un delito de defraudación fiscal”.
- “Nuestra obligación como Ministerio Público es asegurar los medios de prueba que pudieran ser útiles para el crecimiento de los hechos, y hemos procurado actuar con la mayor celeridad posible”.
- “Sin embargo, esta es una investigación que recién comienza en la fase penal, y es una investigación compleja que va a demandar tiempo particularmente para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos de los recursos fiscales que fueron recibidos por las sociedades que están siendo cuestionadas, entre ellas la sociedad San Nicolás SpA”.
Por qué importa. Contraloría hizo observaciones a los contratos -vía trato directo- que suscribió la exdelegada de Valparaíso Sofía González (actual diputada electa del PC) con las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA para arriendo de maquinarias y retiro de escombros por $7.298 millones.
- En el caso de San Nicolás, se le pagó en 6 convenios un total de $6.725.655.566. Esto pese a que la empresa, constituida en 2021 y cuyo dueño es un joven de 20 años, no tenía maquinarias ni personal, y registraba domicilio en un centro de estética.
- La sociedad subcontrató de manera informal la totalidad de sus servicios, lo que no está permitido.
- Además, Contraloría detectó eventuales sobreprecios de ambas empresas e irregularidades en las rendiciones como presentar fotografías repetidas, pagos duplicados, o incongruencias en los informes como conductores que manejaban dos máquinas de manera simultánea, o una misma máquina participando en dos faenas al mismo tiempo.
- La delegación de Valparaíso dijo que contrató a San Nicolás porque había hecho trabajos previos para la Delegación Presidencial del Biobío, que lideraba Daniela Dresdner (FA) y que la empresa fue recomendada por la subsecretaría del Interior, cuando era dirigida por Manuel Monsalve.
- Luego el entonces seremi de Obras Públicas -y actual delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), recomendó la empresa San Nicolás a la Dirección de Arquitectura de Valparaíso, dependiente del MOP.
- Esta repartición, sin pedir boletas de garantía, contrató a la empresa por $6.795.138.000, para demolición de viviendas en el sector de El Olivar en Viña del Mar, lo que equivale a $7.306.600 por vivienda, notoriamente superior a otras ofertas recibidas.
- Finalmente el MOP canceló el contrato, pero alcanzó a pagarle a la sociedad $1.527.079.400. La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga pagos por $782.939.080, en que no está acreditada la ejecución.
- Según El Mercurio de Valparaíso, Fiscalía realizó un allanamiento en las oficinas del MOP de la región por eventual fraude al fisco.
Cautela en Fiscalía. En Fiscalía no precisaron si entre los dispositivos incautados se encuentra el de la exdelegada González. A la fecha las principales diligencias apuntan a la dirección de Arquitectura, que dirige Alejandra Vio.
- El informe de Contraloría incluye mensajes informales por Whatsapp entre ella y los representantes de San Nicolás.
- “¿Cuál es tu espalda económica máxima? ¿tienes capacidad para asumir una garantía del 5%?”, pregunta la directiva, sin nunca requerir documentos formales para comprobar las capacidades financieras y técnicas.
- En todo caso, quienes conocen la investigación señalan que Fiscalía irá con cautela ya que espera establecer qué hechos pueden constituir delitos y cuáles meras faltas administrativas.
- El golpe que recibió la Fiscalía de Antofagasta por el caso ProCultura tras el revés en la causa, ya que la Corte de Apelaciones por unanimidad no acogió el desafuero del gobernador Claudio Orrego, fue resentido en el Ministerio Público, y se busca mayor exhaustividad en las pruebas y tipificación de los delitos imputados.
Vía t13.cl