Contrataron extranjeros no habilitados para trabajar: Todas las irregularidades del INE que detectó Contraloría en Censo 2024
De acuerdo al ente regulador, se contrataron 16 personas con antecedentes penales por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
La Contraloría General de la República detectó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cometió una serie de irregularidades en el Censo de Población y Vivienda 2024, relacionados a la contratación de censistas y gastos injustificados.
De acuerdo al ente regulador, se contrataron 16 personas con antecedentes penales por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas.
En concreto, seis de estas personas presentaron certificados de antecedentes donde se indicaban las condenas, pero la empresa encargada al momento de recibirlos no cumplió con su deber de validarlos ante el Registro Civil. En los otros diez casos, el organismo no acreditó que haya requerido tales certificados al realizar las contrataciones.
La Contraloría detalló que el INE también contrató a 14 extranjeros que no estaban habilitados para trabajar en nuestro país. Cinco de ellos son exresidentes definitivos o temporales/transitorio, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos; incluso uno de ellos mantenía pendiente una expulsión administrativa del país.
El listado de irregularidades del INE en Censo 2024
La institución no acreditó que más de 130 personas contratadas contaran efectivamente con los antecedentes educacionales requeridos para los cargos de Coordinador de Local Censal y Gestor Administrativo. Debido a esto, no se aplicaron las multas a favor del fisco por $131.972.500 a las empresas contratadas para el reclutamiento y selección de trabajadores.
Dentro de los hallazgos también figura que una exasesora contratada por el INE participó como experta en la comisión evaluadora de la licitación adjudicada, pese a que era representante legal de una de las empresas intervinientes.
El INE no pudo acreditar que 515 censistas hayan realizado efectivamente las tareas encomendadas -por las cuales recibieron un pago de más de 166 millones de pesos-, lo que implica una falta de supervisión y control.
Adicionalmente, un total de 267 personas que prestaron servicios en el INE para la ejecución del censo, se encontraban simultáneamente contratadas por otras instituciones públicas, entre marzo y junio de 2024. Sin embargo, aquellas personas no lo notificaron pese a que estaban obligadas a hacerlo mediante declaraciones juradas.
El organismo suscribió 77 contratos de arriendo destinados a oficinas y locales a nivel nacional “sin contar con fundamentos técnicos o formales que respaldaran el motivo”. Cinco contratos de arriendo tuvieron una duración de hasta 12 meses, mientras que el Censo duraba sólo cinco meses con un pago no justificado de $49.430.231.
A esto se suma que el 1 de mayo de 2024, el INE pagó $134.243.088 a nivel nacional para el traslado de funcionarios y censistas, sin embargo, ese día no se realizaron labores censales para justificar dicho pago.
Finalmente, se estableció que la entidad a cargo del proceso censista no planificó el destino de los 4.588 computadores y 37.529 smartphones adquiridos para el 2024. Al 7 de noviembre de 2025, aún permanecían almacenados 484 computadores y 29.226 smartphones en la Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Ante las irregularidades, la Contraloría ordenó al INE a instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
Por su parte, el ente regulador formuló un reparo por $315.645.819, además se está analizando la reevaluación presentada por la entidad auditada por el pago sin justificación por $166.356.508 y se dio un plazo de 60 días hábiles a la Subsecretaría de Bienes Nacionales para el destino de los computadores y smartphones almacenados.
Vía t13.cl
