Fiscalía formalizará a alcalde de San Ramón por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero

  • Dos años después de la querella del CDE en su contra, el ex socialista Miguel Ángel Aguilera -que va por la reelección- deberá responder en tribunales.
  • El jefe comunal es acusado de pagar honorarios improcedentes, contratar a personas que no prestaban servicios y designar cargos públicos afectos a inhabilidad legal .
  • Pese a que el caso se convirtió en un símbolo de la “narcopolítica” en Chile, su defensa asegura que las materias a abordar en la audiencia “no se relacionan con ningún hecho vinculado al narcotráfico”.

Dos años después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y otras seis personas por eventuales delitos de fraude al fisco, la Fiscalía Metropolitana Sur decidió formalizar al jefe comunal por supuestos delitos de corrupción.

Las pericias realizadas en este periodo lo acusan de enriquecimiento ilícito (presuntamente cometido entre enero de 2013 y septiembre de 2017), cohecho (diciembre de 2014, febrero de 2015 y enero de 2016) y lavado de dinero (entre febrero de 2013 y mayo de 2017), según el escrito ingresado al 15° Juzgado de Garantía y consignado en El Mercurio.

La formalización de la investigación, fijada para el 27 de septiembre, aún no ha sido notificada a la defensa de Aguilera, dijo al matutino su abogada, Andrea Rivera, precisando que “no nos podemos pronunciar sobre los fundamentos o fortaleza de la imputación que se realizará. Dado que no contamos con los antecedentes suficientes para ello”.

“Lo que sí podemos señalar -continuó- es que el Ministerio Público formalizará a mi representado por hechos determinados y específicos, los cuales no se relacionan con ningún hecho vinculado al narcotráfico“, a pesar de que el alcalde se convirtió hace unos años en un símbolo de la “narcopolítica” en Chile.

“HOY TRIUNFA LA VERDAD”, DICE COMPETIDOR DC

Aguilera no solo es candidato a la reelección este 15 y 16 de mayo, sino que muchos en su entorno aparecen inscritos como candidatos a concejales en otras comunas de la zona sur de Santiago, lo que da a entender que buscan ampliar una eventual red delictual.

Además de la querella del CDE, los concejales de la comuna han presentado un requerimiento al Tribunal Electoral para destituir al alcalde, acción que está en curso, pero de todas maneras éste podría ganar la reelección y enfrentar estas acusaciones meses después.

Uno de esos concejales es el postulante de la Democracia Cristiana a esa alcaldía, Gustavo Toro, quien recientemente denunció seguimientos y amenazas de muerte (de los que responsabiliza al jefe comunal). Por ello, expresó que su imputación “implica una lucha de años: una lucha por la verdad y la justicia de los vecinos de la comuna de San Ramón”.

“Me siento emocionado; luego de llevar mucho tiempo siendo perseguido y amenazado, hoy día triunfa la verdad. Tenemos que ir de frente, porque este es un mandato que nos ha dado la gente (desde) el 18 de octubre. Sin duda que enfrentar la justicia y la verdad es la forma de respaldar a mis vecinos”, enfatizó.

Cabe recordar que el jefe comunal renunció al Partido Socialista en 2017, mientras se investigaba un presunto abultamiento del padrón de la tienda en esa zona con decenas de militantes, todos ellos registrados con la misma dirección.

ALGUNOS FUNCIONARIOS “RECIBÍAN SUELDOS SIN EFECTUAR LABORES”

La acción penal original del CDE sostenía que los hechos estaban relacionados con el pago de honorarios improcedentes o contratación de personas sin que prestaran servicios, algo que habría sido evidenciado en el marco del programa Chile Crece Contigo.

El Consejo también le atribuye al ex PS la designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal, y en su última ampliación a la querella, efectuada en enero pasado, incluyó una negociación incompatible a un concejal de dicha comuna.

“De acuerdo a lo obrado en la carpeta investigativa, y en especial, del informe policial de la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de fecha 31 de julio de 2018, se ha podido comprobar, hasta ahora, que en relación al proyecto ‘Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos’ de la Municipalidad de San Ramón, se procedió a contratar personas que recibieron sueldos sin efectuar labores“, detalla uno de los textos.

Según testimonios de trabajadores y pericias de la PDI, a estas personas “solo les exigían iniciación de actividades para la emisión de boletas de honorarios, reconociendo haber confeccionado en algunas oportunidades boletas de algunos trabajadores analfabetos”.

Por ejemplo, la policía civil detectó a un funcionario que cobró más de 2 millones de pesos entre 2016 y 2017 por estas labores aunque estaba “contratado por la empresa Hidrosym para realizar estas mismas tareas”, así como la contratación de personas con antecedentes penales “vinculadas al narcotráfico, a honorarios, sin que la normativa vigente permitiera su contratación”.

Vía cooperativa.cl

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